Pedro Ramón Puerta se siente acorralado, y pidió licencia para analizar si renuncia o sigue

Pedro Puerta sabe que su imagen quedó totalmente destruida ante el electorado de Misiones y que ya no tiene más posibilidades de acceder a un lugar de privilegio en La Libertad Avanza, porque se transformó en una especia de “mancha venenosa”. De la misma manera, es consciente de que su papá, el ex diputado nacional, ex gobernador de Misiones, ex senador nacional, ex presidente de la Nación por 48 horas y ex embajador de España en el gobierno de Maurcio Macri, también quedó totalmente embarrado con el “Caso Kiczka”.

Está desesperado. Perdido. Acorralado. Sin saber qué hacer.

No es para menos. El diputado provincial Pedro Puerta sabe que en cualquier momento llega a sus manos una citación judicial que terminará dejándolo involucrado directamente en la causa sobre “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años” en la que se encuentra con prisión preventiva su íntimo amigo y compañero político, el ex diputado provincial Germán Kiczka, además del hermano de éste, Sebastián, un íntimo amigo de Lucio Puerta.

Por esa razón, el presidente del partido provincial Activar, y titular del bloque de dicha organización en la Cámara de Diputados de Misiones, solicitó una licencia de 20 días sin goce de haberes.

De todos modos, hay quienes consideran que este pedido de licencia es en realidad un primer paso, y que finalmente Pedro Puerta termininará presentando su renuncia indeclinable a la banca que conquistó en las elecciones del año pasado cuando su partido formó parte del frente electoral Juntos por el Cambio, al igual que la UCR y el PRO.

¿Terminará alejándose de la política y dedicarse a trabajar en sus empresas familiares? ¿O volverá al llano para tratar de reconquistar el corazón de los misioneros que conformaron su base partidaria y electoral? Son algunas de las preguntas que se hacen en torno del futuro de Pedro Puerta.

EL CASO KICZKA

Consumo y distribución internacional de Pornografía infantil

Todo arrancó a principio de este año. En el marco de un mega operativo internacional que se realizó casi en simultáneo en varios países, en febrero de este año se materializó un procedimiento en Apóstoles oportunidad en que detuvieron al padre y al hermano del diputado provincial Kiczka. Asimismo, se llevó a cabo un allanamiento ocasión en que secuestraron, entre otros objetos, la notebook que no se sabe bien si pertenece a Kiczka o a Pedro Puerta, presidente del partido político Activar Misiones. Las investigaciones fueron llevadas adelantes por el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques y la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, de la misma ciudad de Buenos Aires.

El allanamiento de febrero al domicilio del padre y el hermano de Kiczka fue soicitado por la Embajada de EEUU, en el marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, encabezada desde la Ciudad de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy para desbaratar a una banda que se dedica a la distribución y comercialización de material sexual infantil (MASI).

Argentina participa junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el caso que se inició el 16 de enero pasado, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).

La orden de allanamiento y detenciones, que en Apóstoles la ejecutó el juez de Instrucción 4, Miguel Angel Faría, fue emitida por el magistrado Juan Manuel Neumann, titular del Juzgado de 1ra Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los detenidos fueron Antonio Kizcka, de 73 años, y Sebastián Kizcka, de 45, padre y hermano del legislador provincial de Activar Misiones.
El Ministerio Público Fiscal de CABA inició este caso en enero pasado, en colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés), en el marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”.
El fiscal Mahiques dijo sobre este operativo que “se busca identificar a víctimas de pornografía infantil, como así a sus victimarios, en línea con los niños, niñas y adolescentes que son abusados sexualmente”.

Pedido de desafuero para detenerlo

La Legislatura le quitó los fueros a Kiczka de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución de la Provincia de Misiones, después de recibir el pedido de desafuero que presentó temprano el miércoles 21 el juez de Instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Faría, para poder detenerlo e indagarlo.

Las decisiones de Faría de solicitar el desafuero y ordenar la detención del diputado Kiczka, se basan en un informe de la Dirección del Cibercrimen a cargo de la comisario general Sandra Marilín Ozuna, que contienen cuantiosas pruebas contundentes encontradas en las computadoras personales y dispositivos de almacenamiento secuestrados en allanamientos realizados, primero en la casa de los padres y de su hermano Sebastián, el 28 de febrero pasado, y después en la casa del legislador el 7 de agosto.

El diputado provincial Germán Kiczka y mayor socio político del también legislador provincial Pedro Puerta, está seriamente comprometido en un grave caso de pedofilia y distribución de pornografía infantil.

En el allanamiento en la casa del diputado Kiczka, se secuestraron una computadora personal, el teléfono celular y dispositivos para el almacenamiento de datos, pertenecientes al político puertista. Germán Kiczka y su hermano Sebastián estuvieron prófugos alrededor de 10 días, hasta que finalmente fueron detenidos, y terminaron alojados en la cárcel de Cerro Azul, a 55 kilómetros de Apóstoles. A los dos el juez penal Miguel Faría, de Apóstoles les dictó la prisión preventiva por considerar que existen pruebas suficientes para inculparlos del delito de “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”

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