Una “guerra de guerrillas”. Con acciones violentas e ilegales, buscan desestabilizar al Gobierno de Misiones, y generar un contagio en todas las provincias. El juez Balor y el fiscal Casals investigan el grave atentado contra la Legislatura, y el acto de terrorismo de un grupo de policías en actividad, ambos casos en el marco de los delitos “contra los poderes públicos y el orden constitucional”. Los efectivos policiales retirados y en actividad se dieron cuenta de que estaban siendo “usados de forro” y por eso tiraron la toalla.
LA JUSTICIA INVESTIGA GRAVES DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE MISIONES
No quedan dudas de que la movida violenta y de agitación provincial de los docentes, a la que se sumó un grupo de policías en actividad, responde a un plan nacional para desestabilizar al gobierno de Milei. El juez Ricardo Balor y el fiscal René Casals, del Juzgado de Instrucción 6 de Posadas, son quienes llevan adelante las investigaciones. Tienen varias denuncias y preparan citaciones para indagar a los que fueron a romper la Legislatura el jueves de la semana pasada y que hoy intentarían repetir. Están todos identificados, por medios de fotos y filmaciones. Se sabe que participaron dirigentes que responden a Pianesi y a la Brítez en la Provincia, y a Lousteau y La Cámpora, a nivel nacional. Trascendió que se prepara un vendaval de medidas judiciales por daños materiales y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, que fueron cometidos. Incluso se habla de inhibiciones de matrículas profesionales, cuentas bancarias y pedidos de embargos, entre otras medidas.
Una cosa es un reclamo por mejoras salariales o mejores condiciones laborales, entre otras justas reivindicaciones.
Pero muy diferente es cuando se apela a la violencia y a hechos de intimidación pública para causar alarma en los funcionarios públicos y en la sociedad en general, que ponen en riesgo la estabilidad democrática.
Precisamente, esto último fue lo que sucedió y viene sucediendo con un grupo de docentes, por un lado, y un grupo de policías, por el otro, que cometieron una serie de acciones delictivas “contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
ATAQUE A LA LEGISLATURA
El jueves 23 de mayo, los docentes se enfrentaron a la policía, entraron al hall de la Legislatura y fueron a la casa del gobernador.
Los maestros vencieron el vallado que el Gobierno había soldado al piso y llegaron al hall del edificio, donde Infantería y Gendarmería reprimieron.
Luego, se dirigieron a la casa del gobernador, Hugo Passalaqua, donde continuaron con la protesta violenta.
De acuerdo con la crónica del corresponsal de Clarín, los docentes que protestaron en la Legislatura de Misiones tiraron las vallas que el Gobierno soldó alrededor del edificio, entraron al hall y luego se dirigieron al frente de la casa del gobernador Hugo Passalacqua, donde continuaron los disturbios con agentes de Infantería y Gendarmería. Los manifestantes arrojaron proyectiles contra los policías que custodiaban el lugar, y estos respondieron con gas pimienta.
La protesta fue convocada para las 18 de ese día por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y 50 minutos más tarde comenzaron los incidentes, que se trasladaron hasta el interior del edificio. Adentro empezaron a volar proyectiles de un lado, y gas pimienta del otro.
Como la Policía de Misiones fue desbordada por la situación, tuvo que ir la Gendarmería a dar apoyo. En la protesta hubo gremialistas docentes de Suteba Tigre, Neuquén y militantes de izquierda.
Desde la mañana de ese jueves los empleados de la Legislatura Provincial y de la Policía de Misiones iniciaron la instalación de un triple vallado en la puerta de acceso. En las calles laterales se instalaron dos autobombas de la Policía de Misiones.
Un empleado de la Legislatura admitió que ésa fue la primera vez en tres décadas que las vallas policiales fueron soldadas con planchuelas y otras atornilladas al piso para evitar que sean desplazadas.
Las extremas medidas de seguridad se adoptaron por la marcha de FTEL, a las 18, en coincidencia con el inicio de las sesiones. Pero nada alcanzó para que los manifestantes kirchneristas, radicales y de izquierda, ocasionaran destrozos en el edificio de la Legislatura, aunque no pudieron ingresar a la sala de sesiones, donde la asamblea semanal de los diputados se pudo desarrollar en su totalidad.
UN ACTO TERRORISTA PROTAGONIZARON LOS POLICÍAS
Sin lugar a dudas la manifestación de los policías retirados y en actividad que desde hace 12 días mantienen totalmente cortadas, en su intersección, las avenidas Uruguay y Trinchera de San José de Posadas, se desbordó totalmente y pasó a una fase sumamente peligrosa, desde el momento que anoche protagonizaron un claro acto de terrorismo, cuando recorrieron calles céntricas de la capital de Misiones con patrulleros robados, haciendo sonar las sirenas y efectuando disparos al aire. Pero el momento más álgido, fue cuando decidieron subir a la senda peatonal de la Plaza 9 de Julio y pasar por enfrente de la entrada principal de la Casa de Gobierno de Misiones, donde volvieron a disparar al aire sus armas reglamentarias, en una clara maniobra intimidatoria y de terror contra las autoridades de Gobierno.
Los delitos que cometieron están previstos en el Código Penal argentino, más precisamente en el Título X “Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, detallados desde el artículo 226 hasta el 236, con sus diferentes variaciones y las penas que conllevan”.
En el piquete sobre la avenida Uruguay, por medio del cual exigen un aumento salarial del 85 %, mantienen usurpada la sede del Comando Radioeléctrico de la Policía de Misiones, están armados con armas reglamentarias del Estado provincial y retienen unos 30 patrulleros que fueron robados en diferentes comisarías de Posadas.
Una fuente judicial aseguró que “evidentemente estamos ante una sedición en concurso ideal y real, con una serie de delitos que podrían encuadrar en robos y hurtos calificados por fuerzas de seguridad, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, instigación a la violencia y la caravana con patrulleros y haciendo disparos al aire, sobre todo frente a la Casa de Gobierno, es una intimidación pública para causar alarma en la sociedad”.
Uno de los sinónimos de alarma es terror, razón por la cual no caben dudas que la manifestación con los patrulleros robados, armados y efectuando disparos al aire, principalmente a la sede de Gobierno, se trató de un claro hecho de terrorismo.
